La gestión de arrendamientos e inmuebles es una actividad clave dentro del sector inmobiliario y jurídico, que abarca desde la redacción y supervisión de contratos hasta el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones entre arrendador y arrendatario. Esta gestión profesional garantiza el uso adecuado del bien, el respeto a los derechos de ambas partes, y la rentabilidad de la inversión inmobiliaria.
En este contexto, pueden surgir conflictos como la precariedad (ocupación sin título válido), el impago de rentas o el incumplimiento de condiciones contractuales, lo que obliga al propietario a iniciar procedimientos legales como el desahucio. Los procesos de desahucio pueden tener distintas causas: falta de pago, expiración del contrato, necesidad de recuperar el inmueble o uso indebido del mismo.
Desde el despacho te ofrecemos asesoramiento completo en este tipo de situaciones: elaboración de contratos blindados, gestión de impagos, desahucios exprés, mediación entre arrendador e inquilino, y recuperación rápida del inmueble.
Remedios Morillo Abogados
Estoy aquí para escucharte y actuar con rapidez.
Es el procedimiento judicial que se inicia cuando el inquilino no paga la renta o incumple el contrato. El propietario puede recuperar la posesión de la vivienda o local a través de este proceso.
El plazo puede variar según el juzgado, pero normalmente oscila entre 4 y 6 meses desde que se presenta la demanda hasta que se ejecuta el lanzamiento.
Sí, si el inquilino paga la deuda en el plazo de 10 días desde la notificación (en algunos casos solo la primera vez), el procedimiento puede detenerse. También se puede negociar un acuerdo con el propietario.
El arrendador tiene derecho a:
Cobrar la renta en la fecha pactada.
Recuperar la vivienda si el inquilino no paga o incumple el contrato.
Reclamar judicialmente tanto la posesión como las rentas pendientes.
Las cláusulas que no respeten la Ley de Arrendamientos Urbanos pueden ser declaradas nulas. Por ejemplo, limitaciones que perjudiquen de forma desproporcionada al inquilino o condiciones que no estén claras.
Sí, tanto el arrendador como el arrendatario necesitan abogado y procurador si la cuantía reclamada supera los 2.000€.
